Tras varias acometidas legislativas en la problemática de los desahucios, parece que la justicia española da señales de cordura. Gracias a la decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo, los jueces tendrán la potestad de suspender temporalmente procesos de desahucios y establecer medidas cautelares. Tras la decisión, el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se jactó de que es el momento de adoptar cambios en la jurisdicción. Para el que tenga dudas, nuestro ministro, es un visionario. Le ha costado darse cuenta, pero más vale tarde que nunca.
Llegados a este punto, uno se pregunta con resignación, ¿qué limites ha de rebasar la sociedad española para que su gobierno abra los ojos ante una lacra como la de los desahucios? ¿No son suficientes hasta 24 suicidios por desahucios en lo que va 2013 y todo el 2012? ¿No son merecedoras de ser escuchadas las personas que durante 108 días acamparon frente a la sede de Bankia? ¿No es de obligado cumplimiento una revisión de la legislación tras el clamor justificado de Ada Colau, portavoz de la PAH en el Congreso? ¿No llama la atención que algunos miembros de las fuerzas del estado se hayan negado a actuar como policías en los desahucios? ¿Para qué sirve que decenas de indignados se personen, pidiendo permisos en sus trabajos, para apoyar a las familias que van ser víctima de otro desahucio “procedente”? Pues parece que en este país no vale nada hasta que Europa no toma cartas en el asunto. Hasta entonces, el estado hace oídos sordos y aparta la mirada de un drama que ya se ha cobrado vidas y del que tiene la llave para su solución.
