Larga vida al escrache

Juan Haro   @HaroJuan 

Hace unos meses que la palabra, escrache, se ha colado en los titulares de la opinión pública. Lo que en un principio fue un concepto cuyo significado cogió a muchos por sorpresa, ahora se ha postulado como una cuestión de estado de índole judicial. Este tipo de concentraciones pacíficas (gritar no es violencia) consisten en que  un grupo de personas, en el pleno ejercicio de sus derechos de reunión y manifestación en espacios públicos, acuden a los domicilios de personajes públicos de manera popular (que no populista), a mostrar su descontento con la situación de la que se entiende que son en parte responsables. En España, para entendernos, es lo que toda la vida se ha llamado: cantar las cuarenta, una cacerolada, insumisión colectiva  o simplemente ir a tocar los huevecillos del vecino.

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Fuente: Stop Desahucios

El nombre fue acuñado en Latinoamérica, concretamente en Argentina, extendiéndose por Chile para más tarde cruzar el charco y atracar en España. Fue en los años noventa cuando comenzaron a perpetrase en Argentina. Tras aprobarse las leyes de indulto y fin de la dictadura, aquellos que habían torturado y fustigado al pueblo durante la cruenta etapa, vivían en barrios florecientes donde su respeto se mantenía intacto. Fue entonces cuando los vecinos y las familias damnificadas por la dictadura, comenzaron a unirse con el objetivo de hacer justicia frente a los abusos en las calles y barrios donde vivían los hostigadores del régimen póstumo. Si bien no era posible conseguir justicia en los tribunales, la motivación consistía en hacer sabedores al pueblo y a la opinión pública de los delitos cometidos por diversos personajes públicos.

La polémica radica en que aquello que se ha hecho durante décadas aquí y en otros países en diferentes formatos, lo quieren declarar ilegal con consecuencias penales para los instigadores de la acción directa. El escrache consiste, en su vertiente más general, en incordiar a los culpables de situaciones de crisis, en hacerles pasar un mal rato y denunciar públicamente y ante los ojos de la calle cuales han sido las responsabilidades por las que no sería justo que queden impunes.

En España, el Fiscal General del Estado, Torres-Dulce, quien ya se mostró partidario de “reprimir los excesos en el derecho de manifestación”, ha movilizado a los fiscales provinciales en contra de los escraches y les ha pedido información para determinar la relevancia penal de los mismos y así actuar de oficio. En paralelo a esta decisión, el Ministerio del Interior, a través de la dirección de la Policía Nacional, ha hecho llegar a las comisarías de la geografía nacional una primera circular en la que se “ordenaba identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o escraches”.

Según la información publicada por Eldiario.es, la misma dirección ha emitido una segunda circular en la que se “prohíbe la celebración de escraches a menos de 300 metros de los domicilios de autoridades y personalidades políticas”. Hecho que de forma inmediata y rotunda se ha apresurado a negar el Ministro del Interior, Jorge Fernández, quien ha asegurado que los escraches “son acosos, coacciones o intimidaciones y  están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación”.

Fuente: El Mundo

Fuente: El Mundo

Los detractores del escrache alegan que jamás se debe llevar al terreno privado, al hogar y la familia, la protesta ciudadana. Denuncian que se violan las normas de convivencia entre personas y se quebranta el respeto mutuo. Además, resaltan que no todo se soluciona a base de repulsa y deprecio a la política. Se hace mención expresa de la disociación entre la vida laboral y privada de las personas, por ejemplo: si un directivo deja  a decenas familias en la calle por la ejecución de un ERE, toda protesta debe ser llevada a cabo en el ámbito laboral o puesto de trabajo, jamás en el entorno familiar y privado. Estos son los argumentos en los que se basan para rechazarlos y en los que la justicia buscará su aplicación en la legislación, obviando el ejercicio de otras libertades. Para reforzar estas teorías, la presidenta de Castilla la Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha denunciado públicamente que los escraches “son puro nazismo”. Resulta complicado recordar manifestaciones pacíficas en las casas de los judíos durante el período nazi.

Sin embargo, las opiniones no son suficientes para defender las ideas, hace falta algo más, algo como datos. Según el último estudio realizado por Metroscopia, “el 78 % de los españoles se muestra de acuerdo con la campaña de escraches propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, siempre y cuando esta se lleve a cabo de forma pacífica”. Y aún hay más y mejor. De los votantes del Partido Popular encuestados, el 68 % se han mostrado a favor de la iniciativa. Es un hecho, los votantes arrepentidos ya empiezan a florecer. El apoyo ciudadano entre los que consideran que el escrache constituye un derecho amparado por la Constitución es abrumador. Pero el gobierno, ha decidido desoír incluso a sus votantes y prosigue con su campaña contra el escrache.

Es muy factible hablar detrás de la barrera. Algunos parecen no darse cuenta del efecto retroactivo que generan las políticas del gobierno en una sociedad más que asqueada. Siempre es el ciudadano el que está obligado a acatar la ley por encima de cualquier situación o respuesta que se les dé.

Si al menos el gobierno no rechazase sin el menor uso de conciencia social, todas y cada de las iniciativas legislativas populares que se presentan en el parlamento y justificadas con un número de firmas mucho más alto que el necesario en  otros países europeos. Si al menos el gobierno, en lugar de solucionar problemas a golpe de porra y multazo, se molestase en escuchar a los afectados por los desahucios  y negociar una solución responsable. Si al menos el gobierno no utilizase argumentos tan grotescos como decir que poner una pegatina en el portal de un político es un acto propio de la Kale Borroka, que para el que no lo sepa, la Kale Borroka, significa la lucha de la calle. Sí, el escrache, es parte de la lucha, es en la calle y debe ser legal, también lo pueden llamar Street Figther si así lo desean. Ya está muy visto utilizar el  Euskera para generar alarma social. Si al menos este gobierno fuese más comprensivo con la situación que vivimos y no se limitase a exigir el cumplimiento de la ley y reformarla con mayorías absolutas de manera flagrante. Si al menos eso sucediese, muchos volverían a creer en la esperanza de que en esa amalgama de políticos indeseables, todavía existen humanos con preocupaciones nobles.

Pero mientras que eso no suceda, a todos aquellos que molestan, a los de clase media y baja, a las personas non gratas para los políticos, a los que estorban, a los pobres, a los desahuciados, a los indignados, a los reprimidos, a los que no se callan, a los que no desisten… a todos ellos: Larga vida al escrache.

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