Héroes de la clase obrera

En los últimos tiempos se ha popularizado el término ‘casta’ para definir a la clase política. Un estamento refugiado en sus privilegios que se dedica pertinazmente a proteger sus intereses. Hay otro grupo que encaja meridianamente bajo la misma definición y es que, pese a las diferencias formales, Comisiones Obreras y UGT, lo que las organizaciones de menor envergadura denominan “sindicatos de clase”, comparten la misma idiosincrasia.

Estas entidades surgieron con la misión de defender los derechos de los trabajadores y velar por sus intereses. En la práctica, su función se ha basado en perpetuar la figura del sindicato vertical de los tiempos de Franco. Desde la firma en 1977 de los Pactos de la Moncloa que introducían, entre otras cosas, el despido libre, la historia reciente de la lucha sindical en este país se ha articulado en torno a pérdidas sociales. Exceptuando algún caso muy concreto de escasa repercusión, sus principales hitos no han pasado de atenuar el impacto de los recortes laborales. De hecho, buena parte de estos derechos que ahora nos arrebatan sin pudor proceden de la época en que gobernaba aquel enano con voz de pito.

La labor de UGT y Ce.Ce.O.O. (como diría el ínclito Urdaci) es tan útil como la del PSOE en la oposición, mucho ruido y cero nueces. Toda su artillería consiste en amenazar con una nueva huelga general que, dicho sea de paso, es un instrumento tan efectivo para cambiar nada como el voto en blanco. Sólo dos de los ocho grandes paros nacionales han logrado alguno de sus objetivos.

Resulta curioso que en año y medio de gobierno del PP ya haya habido dos huelgas generales (en marzo y noviembre de 2012) mientras que en siete años de régimen psoecialista, en los que se gestó el drama actual, sólo tuviera lugar una. El hecho de que en los tiempos de ZP, el amigo de los proletarios, los sindicatos recibieran las mayores subvenciones públicas de la historia, puede tener algo que ver. Los señores Méndez y Toxo, líderes de UGT y CCOO respectivamente, no se movilizan cuando se ataca a los trabajadores, sino cuando ven en peligro sus prebendas, pues ambos saben que no se debe morder la mano que te da de comer.

losdeabajoalaizquierda.blogspot.com

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Aunque estas organizaciones se nutren de las cuotas de sus afiliados, su financiación es mayoritariamente pública, un chollo que Mariano Scissorhands y su equipo de podadores profesionales no están dispuestos a compartir.

En primer lugar, los sindicatos perciben una ayuda del Gobierno central para realizar su trabajo que se ha visto recortada en más de un 50% en los dos últimos años hasta los 17 millones de euros, de los cuales UGT y CCOO acaparan 14 millones. A esta cifra se suman los fondos de Administraciones autonómicas y regionales. Pero la partida más jugosa es la que se dedica -en teoría- a los cursos de formación laboral, un pastel que hasta el año pasado pertenecía exclusivamente a estas instituciones y que les proporcionaba beneficios cercanos a los 1.000 millones.

Por otro lado, el Estado también les da varios millones de lereles por su participación en las negociaciones con Gobierno y patronal, así como un porcentaje (en torno al 1%) del coste de cada ERE en base a sus labores de asesoramiento y mediación. Pese a mi escueta experiencia profesional, ya he vivido un Expediente de Regulación de Empleo en el que el delegado sindical de turno se limitó a recordar conceptos que cualquier trabajador podía deducir por sí mismo sin tener que haber profundizado previamente en las tesis de Marx o Bakunin. Al margen de todas estas partidas, los sindicatos de clase obtienen pingües beneficios a través de sus participaciones en gestoras de planes de pensiones privados y consultoras varias.

Además de comprar su sumisión, esta macedonia de facturas hace imposible, a la espera de la nueva ley de Transparencia, definir con exactitud cuánto dinero público succionan ni qué porcentaje de sus ingresos totales supone. Hasta hace poco ni siquiera se sabía el salario de los secretarios generales (unos 2.500 euros netos).

Existen organismos internos destinados a controlar sus cuentas, pero están dirigidos por personas de confianza de sus líderes, lo que los hace todavía más inútiles que el Tribunal de Cuentas. Es como si a un tesorero con vocación de cartero y apodado ‘el cabrón’ se encargara de vigilarle su mujer -¿habría cambiado algo?-.

Hay una corriente que gana adeptos día a día, especialmente entre la derecha en general y los grandes empresarios en particular, radicada en la importación del modelo alemán, en el que los sindicatos prácticamente se autofinancian gracias a las cuotas de sus afiliados. Aquí, la patronal (CEOE), que también obtiene su porción del dinero de todos y jugosas exenciones fiscales, preguntó el año pasado a sus afiliados si preferían renunciar a toda clase de subvención pública. ¿A que no hace falta decir cuál fue la aplastante respuesta?

Predicar con el ejemplo no se encuentra entre nuestras virtudes nacionales, y en los sindicatos mayoritarios es algo más que evidente. Las onerosas aficiones del ‘dúo patético’ indignan a esos trabajadores -y parados- a los que se supone que representan. Cada uno hace con su dinero lo que le sale de la región perineal, pero resulta, como poco, chocante, que se intente abanderar a los desamparados laborales siendo cliente asiduo de restaurantes de nosécuantos tenedores, coleccionando relojes de lujo, quemando la visa sindical o gastando cientos de euros en eventos de dudosa utilidad en la otra punta del mundo cuando tu central va a despedir a 159 trabajadores.

Y es completamente inmoral que en lo más crudo de la recesión, en la era de los despidos y las rebajas salariales, estos héroes de la clase obrera tengan los cojonazos de subirse el sueldo, insultos habituales de la detestada casta política. En un ejercicio de coherencia sin precedentes, estos ruidosos holgazanes podrían desterrar sus trasnochados eslóganes estériles por soflamas más apropiadas, como “¡A las mariscadas!”.

Una financiación opaca y carreras sindicales de varias décadas son ingredientes idóneos para cocinar una apetitosa corrupción. El escándalo más reciente es el de los ERE de Andalucía, en el que UGT y CCOO se embolsaron 4,2 millones de dinero público.

La ineptitud sindical también es evidente en el plano empresarial. Como sucede a nivel nacional, la faceta intermediadora de los sindicatos es habitualmente anulada a base de concesiones. Por ejemplo, en el banco más importante de este país, los representantes de los trabajadores se sirven presuntamente de regalos varios (activos financieros, contrataciones de familiares, etc.) para aparcar su lucha, así que los réditos que estos paladines del proletariado obtienen en las negociaciones tienden al cero absoluto.

Liberados de currar

Una figura especialmente irritante para el resto de la sociedad es la del liberado, trabajadores elegidos por los delegados para dedicarse íntegramente a labores sindicales, lo que en muchos casos se traduce en una disponibilidad total para tocarse las pelotas durante la mayor parte del día. Sin querer generalizar, yo sólo conozco a uno personalmente y, aparte de su escasa inclinación por el trabajo, sus características más destacadas son un refinado criterio musical y una desmedida afición a la cocaína (repito, es mi experiencia, no pretendo generalizar).

Los liberados suponen un gasto doble para la empresa/Administración ya que, además de pagarles su nómina (pese a que se dediquen exclusivamente al sindicato), deben contratar a otro trabajador que les sustituya. La falta de información hace aquí acto de presencia de nuevo, pues se desconoce cuántos hay exactamente. En 2011 se estimaba que había cerca de 5.000 en compañías privadas y unos 10.000 en el sector público (funcionarios). El año pasado el PP recurrió a su herramienta legislativa favorita , el decretazo, para imponer una reducción de cerca de 6.000 trabajadores públicos liberados de currar. Los próximos en caer serán los del Metro de Madrid, que pasan de 56 a 16 en un recorte con el que se pretende ahorrar dos millones anuales.

Varapalo ciudadano (El País)

Varapalo ciudadano (El País)

Todos estos factores han provocado un descrédito total de la casta sindical en este país, que es vista por una creciente mayoría como un conjunto de parias que se dedican a pegarse la vida padre mientras trabajadores y parados se hunden paulatinamente en la miseria. José María Fidalgo, predecesor de Toxo en el cargo, ya vivió en sus propias carnes el dolor de la sanción ciudadana mucho antes de que estallara esta crisis.

Según el último sondeo de Metroscopia, el 70% de los españoles catea a los sindicatos. En una época en la que los derechos laborales están más amenazados que nunca, el número de afiliados ha caído por debajo de los tres millones hasta una tasa del 16% de la población ocupada, uno de los porcentajes más bajos de todo el continente.

UGT, un sindicato con más un siglo de historia que atraviesa sus peores momentos en cuanto a credibilidad y afiliación, reeligió hace unos días a Cándido Méndez como secretario general. En este 41º Congreso Federal se aprobó limitar a un máximo de tres los mandatos acumulables. La medida, en cualquier caso, no afectará al líder actual, que inicia ahora su sexta etapa al frente de la segunda mayor organización sindical de España. Una apuesta por el continuismo de una entidad anquilosada e inutilizada por su enorme aparato burocrático y su falta de independencia. El economista y ex-afiliado, Luis Osorio, se pregunta “¿hasta cuándo la paz de los cementerios dentro de UGT?”.

De este modo, Méndez, que puede ser un vago pero no un inútil -es ingeniero técnico especializado en química metalúrgica-, cumplirá, al menos, 24 años como secretario general, cifra superior a las de otros dirigentes históricos como Nicolás Redondo (23 años) o Francisco Largo Caballero (20 años). Toda una vida al frente de la ‘lucha’.

Pero la decadencia de esta casta también ofrece un prisma positivo. La sociedad está asumiendo que, mientras que los grandes sindicatos no recuerden su misión original ni los independientes adquieran suficiente repercusión, la defensa de sus derechos e intereses pasa por otras vías que ganan poder día a día. La esperanzadora profusión de movimientos cívicos combativos alimenta el debate sobre la necesidad de sufragar con nuestro dinero a unas organizaciones regidas por chupópteros profesionales que, ni nos defienden, ni nos representan.

Daniel Vega

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