Métela aquí, Mariano

“No quedan más cojones” es el mantra bajo el que se ha guarecido el Gobierno para meter un hachazo dramático a casi todas las parcelas de lo que paradójicamente se sigue llamando ‘Estado del Bienestar’. Siguiendo los postulados de Goebbels, el Poder nos ha repetido hasta la saciedad que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” con la patética esperanza de que nos lo acabáramos creyendo. Pero todavía quedan algunos ámbitos que no han sentido en su plenitud el gélido tacto de la cizalla gubernamental, campos que merecen experimentar las implacables embestidas de Mariano y su acerado aparato austericida.

Aduciendo su culpabilidad por la situación actual y su condición ejemplarizante, la calaña política debería predicar con el ejemplo y erigirse como el mayor paladín de la austeridad.

Para empezar, podrían suprimirse los complementos especiales que se perciben por asistir a plenos o comisiones parlamentarias. Si una persona normal no recibe ninguna bonificación por el mero hecho de ir a trabajar, ¿por qué los políticos sí?

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Diputados y senadores gozan de algunas de las prebendas más cuestionables. Cuando llegan a la poltrona, reciben un ‘kit tecnológico’ compuesto por un iPad, un iPhone y una conexión ADSL doméstica, elementos básicos para su trabajo –enviar mensajes cochinos y entretenerse en las aburridas sesiones del Congreso son algunas de sus funciones básicas-. No contentos con el pack, muchos políticos declaran robos para que les den otro móvil o tableta de repuesto. Gadgets, dicho sea de paso, de una marca que recurre a trampas legales para evadir impuestos. El celebérrimo tuitero Toni Cantó (UPyD) ha sido uno de los pocos que ha tenido la decencia de renunciar a este kit, y aunque de todos es sabido que sus señorías lo pasan fatal para llegar a fin de mes, lo cierto es que podrían costearse de su bolsillo estos aparatitos. De este modo, nos ahorraríamos cerca de medio millón de euros.

Otra partida polémica son las dietas por desplazamiento. Los diputados que no son de Madrid reciben 1.826 euros cada mes para desplazarse hasta la capital, pese a que muchos de ellos tengan casa (a veces hasta 5) y residan aquí. La querella que Democracia Real Ya presentó contra estos espabilados por apropiación indebida y malversación de dinero público se utilizó como papel higiénico en los baños del Tribunal Supremo. Si se hubiera hecho justicia, se gastarían 1,2 millones menos al año.

Además de los vuelos en primera y otros desplazamientos pagados por todos (como las dietas de 150 euros diarios por acudir a actos en el extranjero), cada diputado dispone de 3.000 euros anuales en taxis, un bono que muchas veces utilizan esposas, maridos y toda suerte de parientes. Este chollo nos cuesta otro kilo más cada año.

Los retratos oficiales constituyen la enésima payasada sin gracia de esta acaudalada ralea. El año pasado se anuló el encargo psoecialista de un cuadro de Álvarez-Cascos que nos iba a salir por 200.000 euros. Un año antes el Senado se gastó otros 417.000 euros públicos en retratar a 34 “ilustres” miembros. Patrimonio Nacional espera desde hace 17 años de nada un majestuoso retrato de la familia real por el que Antonio López cobró 300.000 euros. Y la lista sigue. Todos estos gastos pueden parecer insignificantes en términos macro, pero como señaló en su día la SS, “es lo que se dice siempre, el chocolate del loro. Pero empiezas a sumar loros y es que te encuentras con una pajarería”.

Soraya hizo estas declaraciones el día que anunció la eliminación de más de la mitad de los coches oficiales del Gobierno hasta 2015, una medida con la que se ahorrarán 10 millones de euros. El problema es que la Administración central “sólo” dispone de 860 vehículos oficiales, frente a los más de 20.000 que hay según los cálculos del diario El Aguijón –el dato exacto se desconoce- y cuyo mantenimiento nos cuesta unos 1.200 millones anuales. La mitad de esta mastodóntica flota pertenece a las autonomías, donde hasta hace poco podíamos encontrar joyas automovilísticas como los Audi A8 blindados de los expresidentes psoecialistas de Galicia y de Castilla-La Mancha (áreas muy conflictivas donde los ataques terroristas a políticos están a la orden del día). Unos tanques más caros que el Cadillac oficial de Obama –toda precaución es poca con tal de proteger la integridad de nuestros líderes obreros-.

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Y es que el sistema autonómico se ha convertido en una sima que engulle el dinero público con una voracidad mórbida. No parece lógico que 14 alcaldes –como el de Alcobendas o el de Alcalá de Henares- y siete presidentes autonómicos cobren más que Rajoy. Establecer la nómina de ‘Manostijeras’ (78.000 euros al año) como tope salarial de los cargos públicos es una medida acertada ética y estéticamente que nos podría ahorrar, incluyendo a los altos cargos del Poder Judicial, casi tres millones al año.

Al margen de las escandalosas nóminas, el principal problema de la España que trata de equiparar a Murcia y Cantabria con Cataluña  son las duplicidades, servicios que autonomías, diputaciones, cabildos y ayuntamientos ofrecen a la vez, encareciendo y obstaculizando todo lo que pillan. La reforma de la Administración local aprobada en febrero espera ahorrar 7.000 millones en este concepto (junto con limitaciones salariales varias), pero según UPyD, mantener organismos duplicados nos cuesta casi 30.000 millones al año, por lo que parece que la reforma se va a quedar más corta que la discografía de Leticia Sabater.

Otra institución innecesaria es el Consejo de Estado, el “órgano consultivo más alto del Estado”, que aglutina a conspicuos personajes como Zapatero o María Teresa Fernández de la Vogue y desempeña una labor tan útil como las gafas de pasta sin cristal, puro postureo. Suprimirlo nos ahorraría 10,4 millones anuales.

Puestos a acabar con organismos inútiles, el Senado debería ser la siguiente diana. Entre salarios, traductores innecesarios a 6.000 euros por sesión, desfalcos telefónicos y webs a precio de cojón de elefante botsuano, esta cámara succiona 60 millones cada año a cambio de un visto bueno normativo prescindible (habida cuenta de la mayoría absoluta del PP). Y si sus señorías se quejan, como diría la poetisa, ¡que se jodan!

Uno de los especímenes más criticados por la ciudadanía decente es el asesor, un  cargo otorgado dedocráticamente y opíparamente   remunerado que sirve como agencia de colocación para familiares y amiguetes del mandatario de turno. Al igual que con los coches oficiales, se desconoce su número exacto. Se estima que hay unos 15.000 y que nos cuestan nada más y nada menos que 850 millones. Sólo en Madrid son más de 200. En París, por ejemplo, no llegan a 40. Mientras que científicos, ingenieros y demás profesionales de bien son obligados a emigrar, tenemos que mantener a un batallón de listos que en algunos casos no tienen ni el graduado escolar para que asistan a nuestros valiosos políticos en labores tan importantes como los toros o la Semana Santa.

El tema de las subvenciones también levanta ampollas. Sólo el PPSOE se llevó el año pasado más de 200 kilos en este concepto. Sería más adecucado que estas organizaciones se financiaran con las cuotas de sus militantes y los sobres de sus respectivos tesoreros y mantuvieran sus garras alejadas del resto de bolsillos. Una condición que debería aplicarse también a patronal y sindicatos que, como ya vimos en este post, reciben un collage de ayudas que impide conocer cuánto dinero público se quedan.

La tijera de Mariano también debería darse una vuelta por Zarzuela. A los 8 millones asignados en los Presupuestos Generales para las nóminas de nuestra venerada realeza tambaleante, se suman los 40 millones que desembolsa el ministerio de la Presidencia (16 millones para actos protocolarios, recepciones y partidas de lo más absurdas junto con otros 26 millones para Patrimonio Nacional) y los 700.000 euros para viajes que sufraga Exteriores. En total, 50 millones anuales para la Casa Real que piden a gritos un buen rasurado (al cero si se quiere optimizar el regocijo colectivo).

El último presupuesto que merece ser cercenado es el de la religión, que de momento ha sorteado los tijeretazos con una agilidad insólita en cuerpos tan decrépitos. Sin ponernos en plan anarquistas del 34, en un Estado aconfesional –supuestamente-, no es de recibo que paguemos 94 millones para profesores de religión católica en centros públicos (igual que no lo sería para profesores de Islam, Budismo o Dudeísmo).

Si se suprimieran todos estos gastos el Estado se ahorraría  una cantidad equivalente al 3% del PIB, de forma que el déficit que tanto pavor genera en Moncloa quedaría por debajo de los límites que nos ha impuesto la Comisión Europea. Y eso sin entrar en medidas mucho más osadas y efectivas como una persecución contundente del fraude fiscal –que pasea 70.000 millones allende nuestras fronteras- en lugar de poner una alfombra roja a los evasores (grandes empresas y fortunas mayoritariamente), aumentar los impuestos a las SICAV (clubes de ricos que sólo tributan un vergonzoso 1%) o legalizar la prostitución y la ganja. Así el país podría ingresar hasta 80.000 millones más, algo que nos dejaría bajo el cartel de ‘Exit’ de esta recesión.

Los peperos tacharían estas ideas de nazis, populistas, y filoetarras, pero los recortes en I+D, cultura, dependencia, paro o bomberos, la subida del IVA, de las tasas universitarias o del IRPF, la supresión de la tarjeta sanitaria a 900.000 inmigrantes o el repago farmacéutico, tajos mucho más dolorosos, podrían haberse evitado si Mariano la hubiese clavado en  los lugares adecuados.

Daniel Vega

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