Lecciones de buen gobierno

La Ley Hipotecaria que este insigne Gobierno aprobó hace dos semanas nació como respuesta a la creciente presión social contra un precepto que ha dejado a miles de familias en la calle y obligado a decenas de personas acorraladas por las deudas a matarse. Esta Ley de Protección de Deudores Hipotecarios –premio al título normativo más irónico de 2013- es en realidad el nuevo parche inútil que Mariano Tamariz se ha sacado de la chistera. Un maquillaje tan eficaz como la escopeta de Homer para una norma que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado “injusta y abusiva”.

Ninguna de las tres reivindicaciones de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios (paralización de las ejecuciones hipotecarias, dación en pago retroactiva y fomento de los alquileres sociales) aparecen en el nuevo texto –algo totalmente inusitado habida cuenta del éxito de las ILP anteriores-. En su lugar, el Ejecutivo ha optado por segregar más saliva para mejorar sus húmedos servicios bucales a la entrepierna del sistema bancario y para tildar de nazis y terroristas a todo aquel que ose señalar públicamente su barbarie institucional.

Vergara

La Solución Final: el escrache (Vergara)

En vista de que nuestros gobernantes están demasiado ocupados entre felaciones e insultos, unos 90 estudiantes de Derecho de la Universidad de Córdoba han trabajado durante varias semanas en las medidas que se deberían aprobar para acabar con los desahucios injustos. El resultado de este ejercicio de la asignatura de Derechos Reales (nombre que para Mariano y sus secuaces suena a derecho de pernada) son 11 lúcidas reformas que ha recogido Juan Javier Ríos para eldiario.es.

En la contratación de la hipoteca

Limitar la deuda a los bienes hipotecados. El objetivo es que el ciudadano no tenga que utilizar hasta el último euro que le quede en sus ajados bolsillos para pagar la casa que se compró a cojón de oso durante la orgía inmobiliaria, separando la vivienda del resto de su patrimonio. El mecanismo para evitar esta responsabilidad total que tanta ruina ha sembrado en nuestras calles es la dación en pago (la entrega de la casa s para saldar la deuda con el banco). Esta fórmula funciona en la mayoría de países desarrollados, pero aquí sólo es válida para los promotores inmobiliarios, empresas que lo están pasando muy mal porque sus beneficios ya no crecen exponencialmente y que, como todos sabemos, no han tenido nada que ver en todo este tinglado de la burbuja.

Prohibir las condiciones abusivas. Muchas hipotecas firmadas en los últimos años incluyen entre sus requisitos cláusulas suelo (impuesto adicional que los bancos exigen porque les da la gana) o intereses de demora (recargos de hasta el 30% por retrasarse en los pagos) más exagerados que el precio de las entradas para la final de copa. Estas condiciones deberían ser ilegales.

Crear oficinas de asesoramiento hipotecario. Estas agencias públicas –como las que ya existen en Andalucía- se encargarían de informar y proteger a los compradores ante la entidad financiera. De este modo, ni siquiera un concursante de Gandía Shore podrá ser estafado por nuestros honrados bancarios.

Cuando empiezan los impagos

Protección legal para compradores insolventes. Cuando una empresa declara la suspensión de pagos, dispone de un plazo de varios meses para renegociar sus deudas o incluso cancelarlas. Si se incluyera a los deudores hipotecarios de buena fe (los que no van de listos por la vida) en la Ley Concursal, no se podría desahuciar a personas que se han arruinado.

Rescate hipotecario por un tercero. El ‘banco malo’ es una institución creada para deshacerse de toda la mierda (edificios y terrenos sobrevalorados, préstamos impagados, etc.) que los bancos no quieren. Si se crea un organismo para encargarse de los ‘activos tóxicos’ que afean las cuentas de las entidades, ¿por qué no se establece otro para los ciudadanos que intentan tener una vida decente? Entre todos ya estamos pagando un alto precio por la resaca de nuestros leviatanes financieros, por lo que ayudar a personas no sería más estrambótico.

Crear un fondo de garantía hipotecaria. En este país ya existen fondos de garantía de salarios (Fogasa), de depósitos (Fogade) y de inversiones (Fogain). Esta partida especial de dinero público (¿Fogahi?) serviría para compensar una posible caída del precio de la vivienda. Así se acabaría con otro problema actual: personas que pagaron su adosado en Getafe como si estuviera en la Quinta Avenida neoyorquina se encuentran con que ahora vale menos que un Happy Meal. Lo malo de esta medida es que podría convertirse en un fabuloso acicate para uno de nuestros más bajos instintos, la picaresca ibérica. Además, la ciclópea depreciación que sucede a las burbujas -sí, habrá más, no lo dudes- es inasumible por el Estado (con encargarse de los muertos de los bancos y mantener bien untados a políticos, jueces y sindicalistas, ya tiene suficiente).

Nazis peligrosos (tenemosderechoatrabajar-blospot.com)

Nazis peligrosos (tenemosderechoatrabajar.blogspot.com)

Perdonar parte de la hipoteca en función del porcentaje pagado. La ley recientemente aprobada contempla, en casos muy concretos, esta posibilidad (si se paga el 65% de la deuda en cinco años o el 85% en diez, tasas inverosímiles teniendo en cuenta que muchas hipotecas se firmaron a más de 40 años). Lo que los estudiantes proponen es que se calcule la cantidad indultada en base a lo que ya se haya abonado, independientemente de su porcentaje. Esta condonación podría costearse con parte del rescate europeo (para los peperos ‘línea de crédito’, ‘ayuda financiera’ o cualquier otro eufemismo inútil) a la banca.

Frente al desahucio

Impedir a los notarios que ordenen ejecuciones hipotecarias. La Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, ideada para exterminar sin piedad a los morosos, otorga al notario la potestad de autorizar el desahucio sin que el ciudadano pise un juzgado. Los jueces deberían ser los únicos con poder para echar a alguien de su casa, después de analizar en profundidad cada caso concreto y haber escuchado al deudor y al prestamista. Esto se llama ‘tutela judicial efectiva’ y es un derecho propio de los países democráticos del Primer Mundo. Quizás algún día nosotros también podamos disfrutarlo.

Suspensión humanitaria. Esta medida, inspirada en el derecho francés, otorgaría al juez la autoridad para paralizar un desahucio por principios cívicos que no tienen por qué estar estipulados en la ley (evitar los meses más fríos del año, riesgos evidentes de condenar a la familia a la miseria, etc.).

Alquiler social de viviendas vacías. El Ejecutivo creó el año pasado un Fondo Social de Viviendas con 6.000 casas vacías que se podrían habitar a cambio de un módico alquiler. Una idea preciosa de no ser porque ya se ha arrebatado su domicilio a un mínimo de 15.000 familias, según las cuentas del Consejo General del Poder Judicial –la cifra real probablemente será mucho mayor-. Además, Cáritas ha denunciado que hay –ojo- cerca de tres millones de personas viviendo en la puta calle. Todo esto alcanza el súmmum de lo bochornoso al conocer que en este país hay 3,44 millones de viviendas sin habitar. Sólo un rebaño de sinvergüenzas como el que nos gobierna puede consentir el escándalo de que haya más casas vacías que ‘sintecho’. No conformes, todavía tienen los cojonazos de enorgullecerse por crear un fondo “social” con el 0,17% de las viviendas sin ocupar, y recurrir a lacrimales discursos compuestos por  “el derecho a fracasar”, “nos puede pasar a cualquiera”, “esfuerzo solidario” o “segundas oportunidades más que merecidas”. Como reza El Roto, no hay cemento para tanta cara.

Amnistía fiscal para los desahuciados. La última medida consiste en reducir el pago de algunos impuestos para aquellas familias que acaben de perder su domicilio. Hoy por hoy, estas exenciones sólo se han facilitado a los multimillonarios y las multinacionales que se llevan su dinero a paraísos fiscales, algo mucho más justo y ético.

Todas estas reformas, poderosamente más efectivas que la colección de remiendos defecados por el Gobierno, triunfarán en Moncloa tanto como El Sueño de Morfeo en Eurovisión. Seguramente nunca serán aprobadas. Sólo nos sirven para constatar la vil incompetencia de nuestros dirigentes, pues en aulas, plazas, bares y colas del paro saben mucho más de política que en el Congreso.

Más información:

http://revistaindiscretos.com/2013/02/11/la-gran-estafa/

Daniel Vega

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