El PP perjudica seriamente la salud

Esta semana se ha puesto el broche que certifica la privatización irreversible –al menos durante los diez años que dura la concesión- de seis hospitales de Madrid (el Infanta Leonor de Vallecas, el Hospital del Sureste de Arganda, el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina de Parla, el Hospital del Tajo de Aranjuez y el Hospital de Henares de Coslada). Ribera Salud (los dos primeros centros), Hima-San Pablo (los tres siguientes) y Bupa Sanitas (el hospital cosladeño), son los grupos privados que han tenido la “suerte” de adjudicarse las concesiones.

Acorde a la línea polémica que este proceso ha tenido desde el principio, con ‘puertas giratorias’ (políticos que pasan del despacho público a la empresa privada y viceversa), investigaciones judiciales, falta de datos que avalen la privatización y protestas ciudadanas periódicas (la ‘marea blanca’) incluidas, la adjudicación de la gestión de los centros ha sido todo lo turbia que se podía esperar de un asunto en el que aparecen los nombres de Ana  Mato, Ignacio González, Javier Fernández-Lasquetty y varias infantas.

Sólo se ha presentado una empresa a cada concurso –las que se han quedado con las concesiones definitivamente- algo que para sindicatos y partidos de la oposición da a entender que los grupos privados habían pactado previamente qué hospitales se iban a quedar. Gracias a esta falta de competencia, sólo han tenido que rebajar en unos céntimos el precio máximo que Madrid había fijado para adjudicar las concesiones.

En un concurso público decente, lo lógico hubiera sido declararlo desierto y convocar una nueva subasta con precios menores que obligara a competir a las empresas. Desde la Comunidad, sin embargo, aseguran que con estas adjudicaciones se ahorrará un 20% del gasto sanitario, por lo que no hace falta realizar un nuevo proceso más transparente.

¿A no? (lamarea.com)

¿Seguro? (lamarea.com)

Y así, pese a que no haya ninguna evidencia monetaria de que la privatización ahorre costes (sin que empeoren los servicios y las condiciones laborales de los trabajadores), pese a que nadie haya explicado por qué no se han presentado más empresas a cada concurso y pese al rechazo de un porcentaje mayoritario del sector profesional y de la población, se ha sellado una privatización al más puro estilo genovés (veáse opacidad procedimental y falta de rigor económico) que arrancará en menos de dos meses guste o no, para variar.

Daniel Vega

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