Extraditar… o no

Por Ester Martínez Martín- jurista y politóloga

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaba el miércoles 30 de abril la solicitud de extradición de Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), después de que la semana anterior otra Sección de la misma Audiencia denegara también la extradición de Jesús Muñecas.

A ambos los reclama el Estado argentino para ser juzgados allí por un delito de torturas durante la dictadura franquista que podría ser considerado crimen de lesa humanidad. En concreto, según el escrito por el que se solicita la extradición, la investigación pretende aclarar
“la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad, entre los que se cuentan torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores”, que habrían sido cometidos en España entre 1.936 y 1.977, en lo que constituyó “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes.”

Concentración de víctimas del franquismo a las puertas de la Audiencia Nacional. Fuente: Reuters

En su auto, la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechaza la extradición porque se niega rotundamente a situar las atrocidades cometidas por Pacheco, igual que la semana anterior hizo con Muñecas, dentro de un contexto mayor de represión y terror
perpetrado por las autoridades del Estado español durante la dictadura contra una buena parte de la población civil.

El fundamento para negar la extradición de Pacheco al que se agarra la Audiencia es que los delitos que se le imputan y se pretenden juzgar en Argentina han prescrito, por tratarse de delitos “comunes” y no crímenes de lesa humanidad, como los califica la investigación. Según el Código Penal, un delito común de torturas tiene un plazo de prescripción de diez años que en este caso se habría cumplido.

Para ser perseguibles en cualquier momento, los crímenes por los que se pretende juzgar a los torturadores tendrían que calificarse como crímenes de lesa humanidad. Esto implicaría considerar que las torturas no se cometieron aisladamente y sin un motivo, sino que formaban
parte de un plan de persecución, ataque y terror generalizado y sistemático orquestado por el franquismo contra una parte de la población civil por motivos políticos, es decir, por oponerse al régimen. Esto es lo que la Audiencia no quiere reconocer.

El Estatuto de Roma es la norma internacional de referencia que debería marcar los criterios de España a la hora de establecer lo que se entiende por delitos de lesa humanidad. Según aquel, para calificar un delito como crimen de lesa humanidad se deben cumplir tres
requisitos. En primer lugar, que se trate de ataques generalizados y sistemáticos, es decir, que se cometan contra un gran número de víctimas y en base a un plan preestablecido, no al azar. En segundo lugar, que sean atentados dirigidos contra la población civil por motivos de tipo político, social, económico, religioso, cultural, étnico, etc. Por último, que hayan sido perpetrados por las autoridades del Estado o por particulares con la tolerancia o complicidad del Estado; es decir, pueden ser cometidos por altos mandos, por funcionarios o por personas civiles con la aceptación del poder político.

Según el tribunal, no puede decirse que las torturas cometidas “por un grupo determinado y aislado de funcionarios policiales” guarden relación con el objeto de la investigación sobre los crímenes del franquismo que se está llevando a cabo en Argentina.

Juzguen ustedes mismos, porque la argumentación no tiene desperdicio. ¿De verdad podemos decir que los actos atroces cometidos general y sistemáticamente por distintos funcionarios policiales (es decir, trabajadores al servicio del Estado y, por ende, del poder político) durante la dictadura no están relacionados con la investigación argentina sobre la dictadura franquista? ¿De verdad pueden considerarse las agresiones y torturas cometidas por estos personajes como un hecho aislado sin conexión con el plan de represión, miedo y exterminio de una buena parte de la sociedad española por motivos políticos que se llevó a cabo sistemáticamente a lo largo de más de cuarenta años por el régimen franquista?

Fuente: Manel Fontdevila

Es evidente que la Audiencia y la Fiscalía se olvidan deliberadamente del contexto. La dictadura estaba vigente desde 1939 y sus objetivos no habían cambiado en lo fundamental treinta años después, cuando se cometieron los hechos por los que se tanto Pacheco como Muñecas son reclamados. Desconectar la actuación de los torturadores de un plan de terror sistemático y generalizado contra los opositores al franquismo es caer en el desconocimiento y la simplificación y continuar la senda de impunidad y desprotección de las víctimas en la que España lleva desde la Transición.

Para reforzar su postura, el auto señala que la competencia para enjuiciar a los criminales corresponde a los tribunales españoles. Teniendo en cuenta que, según su propio criterio, los delitos están prescritos, los querellantes no podrían obtener una sentencia en España aunque interpusieran sus querellas aquí. Esta es la guinda del pastel.

En resumen:

1. No solo niegan que la dictadura fue un periodo en el que se cometieron crímenes de genocidio y lesa humanidad que deberían ser investigados, aclarados y condenados.

2. Además, impiden que, ante su propia inacción, tribunales de otros países con conexiones con el caso puedan decir algo al respecto ante la petición de las víctimas.

3. Dejan a los querellantes indefensos, sin posibilidad de encontrar justicia ni reparación y condenándolos una vez más, a un pacto no negociado de silencio y olvido.

En un supuesto idílico, cada Estado debería encargarse de depurar responsabilidades sobre sus propios crímenes y juzgar a los responsables de cometer las peores atrocidades contra los derechos humanos de su propia ciudadanía y en su propio territorio. Pero cuando el enjuiciamiento dentro del propio Estado es imposible porque éste se enroca en el silencio y la negación, amparado en su ley interna y obviando la prevalencia de las normas internacionales, entonces habrá que reconocer el derecho de las víctimas a buscar justicia donde sean capaces de encontrarla. Hay que asegurarles el derecho a ser oídas, hay que asegurar el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre su propia historia y hay que garantizar la justicia para ambas.

Los crímenes de genocidio y lesa humanidad son los más graves atentados contra la especie humana. Atentan contra los derechos humanos más íntimos y fundamentales de las personas, contra la dignidad, la integridad, la seguridad y la vida. Precisamente por esto se reconoce su posibilidad de enjuiciamiento y castigo en cualquier momento y lugar, independientemente del tiempo que haya pasado desde que se cometieron. Su reparación es fundamental para que palabras como paz, justicia, igualdad y democracia, que tanto nos gusta pronunciar, no se queden vacías de contenido.

Resulta curioso, por increíble, que desde nuestras instituciones se sigan negando los hechos del régimen totalitario franquista de una manera tan sangrante y vergonzosa. España se ha pintado a sí misma como patria comprometida con el resarcimiento de las víctimas de las dictaduras en otros países (cuando el principio de Justicia Universal era aplicable, al menos). Queda muy bonito de puertas para fuera. Pero ¿qué pasa con nuestra propia historia?

Cuando más de treinta años después las heridas de las víctimas siguen silenciadas y no hay ninguna intención de reparación, hay que plantearse que algo se está haciendo mal. En España, las víctimas de la dictadura siguen siendo víctimas de la democracia. Donde debería haber verdad, solo hay silencio y desconocimiento y falta de voluntad para ponerle remedio.

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One response to “Extraditar… o no

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